Unas ideas al respecto.
- Cada persona que se inscriba como candidato, debe entregar declaración juramentada a la Contraloría de sus cuentas bancarias e inversiones locales y extranjeras, propiedades locales y extranjeras, paquetes accionarios locales y extranjeros. Si no tiene separación de bienes, también los de su cónyuge y/o pareja actual, así como de sus hijos mayores de edad. Si tu función va a ser pública, tu información financiera también, así se podrá controlar, desde el estado, el movimiento financiero de tu entorno una vez que llegues a ejercer cargo o representación.
- Cada candidato suscribirá un acuerdo para permitir al estado analizar la información financiera presentada y aceptará las sanciones respectivas en caso de demostrarse ocultamiento de información, falsedad o inducción a engaño.
- Una vez que gane las elecciones, no hace falta que renuncie a los paquetes accionarios locales ni extranjeros, ni siquiera los offshore. Cada persona tiene derecho a poseer y asociarse, de manera lícita, y hacer empresa libremente. Incluso, es más fácil controlar la contratación de empresas vinculadas, si se conoce dónde tiene acciones o no la familia y el entorno de la autoridad elegida.
- El sueldo será acreditado a una tarjeta de débito universal, la misma que le servirá para pagar TODOS sus gastos, hasta el límite que el sueldo lo permita, cada mes. Si posee tarjetas de crédito, que las use, con tranquilidad, pero los abonos a esas tarjetas se controlarán y vigilarán a través de la tarjeta estatal. (No puede haber más gastos que ingresos en un flujo de caja saludable, digo yo).
- Si las empresas de las que es parte la autoridad electa le entregan utilidades, beneficios, usufructos,etc., esos valores los podrá usar como bien quisiera, sin control ninguno por parte del estado, excepto el de contabilizar el flujo para cuadrar la caja. El que tiene dinero lo usa como quiere.
- Periódicamente, la Contraloría y la UAFE presentarán informes respecto del flujo de caja de cada funcionario público, aquel que incumpla con la normativa o haya ocultado información será destituido inmediatamente e investigado por enriquecimiento ilícito de ser necesario.
Quizá parece exagerado lo descrito, sin embargo, si alguien tiene el buen deseo de servir a la sociedad y al prójimo desde la función pública, no veo porqué habría de asustarles que el estado conozca su información financiera y la use para analizar el buen uso del cargo para el que fue electo por la ciudadanía.
Por como se mal utiliza la función pública es que el estado (cada uno de los 17 millones de ecuatorianos) pierde miles de millones al año en corrupción y sobreprecios. Debería preocuparnos y mucho, no tanto la asociación lícita de los funcionarios o aspirantes a serlo como la asociación ilícita para delinquir por la cual hay varios ex-gobernantes y ex-funcionarios presos en Latacunga o prófugos en Bélgica, USA, Panamá, Venezuela...
Aunque, claro, el mayor miedo será que esa información se use para quemar en la hoguera de las redes sociales a alguien por millonario y a otro por muerto de hambre. Quizá debería importarnos más cómo salen los bolsillos del político después del ejercicio público y no tanto cómo entran.
Suele suceder que los políticos honestos son los que menos triunfan en política y eso debería cambiar.
