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sábado, 14 de noviembre de 2015

La ciudad está enferma...

Soy Tena, (aunque puedo llamarme Quito, Guayaquil, París o Santiago...) tengo 455 años y sigo sintiéndome incompleta. He parido a tantos hijos que casi, casi, pierdo la cuenta. Unos vienen a vivirme, me visitan y se quedan, otros marchan y se enamoran de parajes que me son ajenos, me dejan. Y así me han venido los años encima, me he encontrado con que mis ríos y mis llanos ahora tienen pocos árboles y cada vez hay más gritos de niñas y de niños por doquier. El verde de la vida de la selva le ha dado paso a la vida sin selva, de cemento, de casas de madera, de techos de zinc y de carreteras.
Y se les ha olvidado a mis hijas e hijos que, cada uno que nace y viene a vivir en mis entrañas, recibe de mí una pieza clave en esta mi realidad, en este rompecabezas que soy. Dependo de cada persona, de su trabajo, de su labor, de su compromiso y su  paciencia para crecer y ser mejor, para no perderme y divagar sin rumbo ni futuro, para ser ciudad y ser madre de todos, para que todos hallen, en mis faldas maternas, el progreso y la vida feliz que anhelan

Poseemos todos, el poder implícito, con nuestra ciudadanía, de convertir a la ciudad en un motor sincrónico perfecto que transforme los recursos que le invertimos en riqueza para todas y todos, en desarrollo y progreso.
Tiene la democracia ese sabor especial a jolgorio y fiesta, a discusión amena, abierta y franca alrededor de la mesa materna. Tiene la democracia ese espacio casi virgen del encuentro de vecinos que discuten sus diferencias y en ellas hallan sus comunes anhelos, sus sueños fraternos y sus no tan diferentes realidades diarias.
La democracia encierra, en sí misma, la capacidad de crear espacios de encuentro, de discusión y conciencia, la ciudad nos grita y por lo general la callamos, la silenciamos con parches a la fuerza. Aunque parece que la ciudad es un lunar en medio de la selva, sin embargo, somos parte de la selva, del llano, la planicie y su agenda milenaria. Para que la ciudad crezca como cualquier ser vivo requiere que todos sus órganos tengan suficiente alimento, riego sanguíneo, ventilación adecuada y tiempo de descanso, de silencioso sueño que la fortalece y renueva.
Si la ciudad se enferma -¿qué ciudad no lo está?- no es cuestión de buscar milagros ni culpables, hay que arrimar el hombro todas y todos, desde la academia, el comercio, la fábrica, el servicio público, las entidades diversas, las confederaciones de vecinos, de todas las edades y de todas las trincheras. Y cuando al cuerpo le duele un miembro, todos le ayudan a recuperarse, no lo cortan ni lo desechan, no creamos muros que dividen al pobre del millonario ni pensamos en soluciones rápidas, las medicinas se aplican y se usan a conciencia sino el remedio puede ser peor que la enfermedad. Para curar al enfermo hay que escucharlo, con saber de la ciencia no basta, la experiencia cuenta mucho. Si la ciudad está enferma, los ciudadanos saben de qué adolecen y saben, claro que sí, qué remedio aplicar, los especialistas validan la información y lo hacen rápido, porque la vida –y la muerte – no esperan.
El Gobierno de la Gestión Visible es una estrategia de acción eficiente, táctica y compleja. Miles de ciudadanos no son capaces de cambiar la ciudad si no hay una estrategia que los guie. Podemos desperdiciar millones de dólares, pero la ciudad empeoraría si no se aplica con diligencia, honradez y presteza las estrategias, inversiones y acciones puntuales que la negociación dejó sobre la mesa.
La corrupción es la estrategia antiética del poder para pervivir y dominar la gobernabilidad de un pueblo. Sin liderazgos de principios los cambios no se darán, los parches costarán mucho y el progreso de la Pacha Mama sólo será un cacareo sin sentido de primera plana, repetitivo y deshonesto.
Darle la voz y la capacidad de decisión a quien vive a diario las necesidades y los enormes abismos de desarrollo que enfrenta es, precisamente, la vía de salida –que no escape- a la que la ciudad se enfrenta. Megalópoli, metrópoli, ciudad mediana o pequeña, todas son habitadas por miles y millones de seres racionales, hay que darles las herramientas para redirigir sus vidas y acciones; negarles las estrategias, herramientas y recursos es negarle a la ciudad su curación y encerrarla en el calabozo del subdesarrollo y la pobreza.
La ciudad es una empresa que no debería tener pérdidas, pues cuando ella pierde, pierde la familia, la sociedad, la raza humana, perdemos todos con cada niña o niño que no accede a la educación, la salud y la sana convivencia que quiere, que necesita, que le debemos.
El gobernante debería preferir que sus conciudadanos lo aplaudan por tener el progreso en sus manos, usarlo a diario, vivirlo a pleno y enriquecer a sus familias, barrios, comarcas y a la ciudad en sí, en lugar de vivir aplaudiendo promesas efímeras, mentirosas en su raíz, estrategias de empobrecimiento. La ciudad necesita hoy de gente que la quiera-construya libre, limpia, transparente, honesta… no que la use como fuente de recursos, de dinero inútil que engorda chequeras privadas, corruptas y violentas.


…Y sé que nuevos días se vienen, sé que no me dejarán sola, sé que la vida sigue siendo el norte al que todas y todos mis hijos apuntan.

viernes, 2 de octubre de 2015

La ética del servidor público y sus formas de sanción ciudadana


La democracia como poder ejercido desde el pueblo sigue siendo una tarea pendiente en la mayoría de países que se autodenominan como democráticos. El ejercicio del poder democrático como capacidad del pueblo para exigir, de forma permanente, un trabajo eficiente, eficaz, honorable, honesto y responsable de sus representantes elegidos en votación popular, sigue dejando mucho que desear.
Y es que, desde el punto de vista ético en la actuación del servidor público, tanto del elegido por votación como del que hace carrera burocrática, los códigos de actuación siguen siendo difusos. Ecuador tiene vigente un “código de ética para el buen vivir” y su constitución prevé castigos administrativos para los diferentes niveles de gobierno y servicio público, llegando incluso a la destitución en casos de corrupción o incumplimiento de obligaciones que atenten contra la calidad de vida de la ciudadanía. Sin embargo, la creación de leyes y reglamentos no ha devenido en un mayor compromiso personal profundo con el ejercicio del servicio público como una tarea con un marco ético y de responsabilidad implícita.
La institucionalidad del servicio público se vive como un mecanismo de aseguramiento personal de la calidad de vida propia a corto o largo plazo, según sea por votación o carrera burocrática, respectivamente. El poder de turno se rodea de personal de “confianza” y crea, sobre el estado, una red de influencia y de control de la sociedad, las leyes, la promulgación y veto de las mismas, de la información libre y del control del descontento social y de la protesta ciudadana.
La normativa existente no es exhaustiva en la tipificación de las múltiples formas que encuentra el poder para utilizar, de forma inadecuada y hasta perversa, los recursos estatales en beneficio propio y del círculo de poder vigente. La falta de independencia de poderes es, sin duda, el mayor problema que una nación democrática debe enfrentar. O, dicho de otro modo, el mayor problema que la ciudadanía libre encuentra para ejercer su control democrático sobre la actuación del servidor público.
Si quien califica un recurso de revisión de actuación de algún empleado público presentado por la ciudadanía fue elegido por el poder apadrinador, con toda seguridad, el “compromiso íntimo del poder” pesará más que la exigencia ética de buscar el bien común de la sociedad, al que se deben, en última instancia todos.
La naturaleza de los actos de malversación de recursos estatales de toda índole y de fondos públicos debería ser la fuente de la categorización de las penas a imponerse al servidor público. La gravedad del acto debe analizarse desde el punto de vista de la afectación a la ciudadanía, el daño a la imagen del servicio público que prestaba el servidor y a la cuantificación de recursos desviados, subutilizados, malversados o desaparecidos durante el inadecuado comportamiento en cuestión.
No hace falta, a mi parecer, que la ciudadanía deba enterarse siempre del acto juzgado y el resultado sancionatorio del mismo. El servidor público si bien se debe  a la ciudadanía y a la dignidad de su cargo, se mueve también en un círculo familiar y social que puede castigar, en exceso, su comportamiento inadecuado, afectando a la familia del servidor que nada tiene que ver, la mayoría de las veces. Eso sí, los actos de gravedad alta y extrema deberán ser informados a la ciudadanía en aras de crear un precedente moral y social de que el crimen cometido tiene sus repercusiones y se debe evitar cometer nuevamente.
La rendición de cuentas como un acto administrativo permanente puede servir, a su vez, como herramienta de control de la actuación del servidor público. Al acceder la ciudadanía a los procesos y resultados de la gestión encomendada, los desvíos en la ejecución de las tareas serán verificables y corregibles sin necesidad, incluso, de llegar a sanciones administrativas y peor aún, penales. Partimos, por supuesto, de la presunción de inocencia del empleado y de la buena fe con que enfrenta su trabajo diario. Sobre esa base, analizar la gestión se convierte en un equilibrio entre la parte humana del servidor y sus tareas técnicas y especialidades propias.
El conjunto de valores subyacentes al servicio público, muchas veces, es desconocido por el personal que labora o, conociéndolo, no lo han integrado en su currículum vital y menos aún en su moralidad activa. Y, aunque la ignorancia de la norma no salva del castigo por el cometimiento de irregularidades, es deber de la entidad educar a sus servidores y promover, entre ellos, la asunción del buen hábito del servicio público de calidad. Durante el proceso educativo de todo profesional, la evaluación es el punto de inflexión del desarrollo de sus capacidades cognitivas y prácticas para el futuro ejercicio de su profesión. ¿Por qué abandonar esa buena costumbre una vez que empezamos a ejercer nuestras labores cotidianas? ¿Por qué hemos reducido la rendición  de cuentas a las cifras y los porcentajes en el cumplimiento de las tareas previstas? Las cifras siempre serán maquillables, las actitudes y la calidad del servicio difícilmente.
La capacidad sancionadora del voto ciudadano pierde eficacia, en cuanto castigo, cuando de burocracia se trata. No tiene validez ni efectividad pues, por lo general o la autoridad desoye al pueblo o cambia de tarea al empleado y, con ello, en lugar de arreglar el problema, lo extiende. De este hecho surge la necesidad de diferenciar en el código de actuación y en la reglamentación de sanciones, el accionar del servidor público de carrera burocrática del de elección popular.
Concluyendo. La capacidad evaluadora de la ciudadanía hacia sus servidores públicos debe fortalecerse en el ámbito del ejercicio de la democracia plena contando como requisitos con una información libre, una rendición de cuentas permanente que abarque las actuaciones y no sólo las cifras, la apertura de la entidad en su área de innovación ética a las denuncias presentadas y un reglamento claro y minucioso de todos los aspectos verificables.
El área de innovación ética debe convertirse en la punta de lanza de ese nuevo servicio ciudadano que rompe el esquema de ocultamiento de información, debe evitar ser un arma de venganza coyuntural y procurar desarrollar en todos los servidores la ética positiva que no está a la cacería de los errores sino atenta a ponderar y exaltar el mejoramiento del servicio tanto particular como institucional.
En cuanto a las autoridades elegidas, creo necesario, la firma de un contrato, convenio o compromiso de servicio ciudadano en el marco de las leyes vigentes. El mismo debe contemplar claramente la necesidad de atender en primera y última instancia, con objetividad, a los intereses generales del conglomerado a quien sirve la autoridad. De ese compromiso firmado surge el mecanismo de control ciudadano sobre la gestión de la autoridad, la defensa de la dignidad del cargo ostentado y la ética en el cumplimiento del deber asumido.
Si el servidor, en el uso del poder otorgado, pretende acallar la voz y el derecho ciudadano de vigilar su labor y sancionar sus desvíos, usando precisamente el poder y los recursos asignados para su tarea, será momento para que la ciudadanía en ejercicio de su democracia efectiva le retire al servidor el poder otorgado y lo sancione con el despido inmediato. No es un golpe de estado, es el finiquito del compromiso contractual por incumplimiento de una de las partes.

Sancionar en el camino las actuaciones fuera de la ley del servidor permitirá que, al volver a elegir, la memoria ciudadana no haya olvidado los desvíos y errores cometidos y evalué, en profundidad, la idoneidad personal del candidato para el cumplimiento del cargo en cuestión u otro de servicio público.

viernes, 3 de julio de 2015

Innovar para crecer. El municipio que debemos construir...

Uso este espacio para compartir con ustedes, un par de ideas sobre lo que nuestros alcaldes NO HACEN y deberían empezar a hacer. Porque aquel que no cambia, está condenado a desaparecer.

¿Se puede innovar la ciudad?

Para comprender la idea de "innovación" les propongo pensar en las diferencias entre el smartphone original: el Blackberry, que muchos habremos usado alguna vez y las múltiples opciones que ahora hay en el mercado bajo marcas diversas. El equipo o smartphone es la institución. Mientras más opciones de navegabilidad, memoria, teclas de acceso rápido, atajos y personalizaciones sea capaz de facilitar el equipo, más adquirido y deseado es, incluso sin importar la edad de quien lo compra y lo va a usar.
Si el municipio piensa al estilo TIC y se convierte en una múltiple plataforma de servicios a la ciudadanía que se puede personalizar y atiende a los requerimientos PERSONALES del cliente, y más amigable es en su software (burocracia), más eficaz y eficiente resultará, incluso sin mirar demasiado el costo del mismo.
Hace 8 años casi nadie habría pensado en usar todo el equipo como una pantalla táctil, dejar de depender del teclado y crear miles de Apps para el juego, el trabajo, la cocina, el pago de servicios financieros, la interacción social, etc. Bueno, al menos Blackberry  no lo hizo y ya todos sabemos el final de esa historia.
La innovación es un proceso permanente y surge de la necesidad de no perder mercado, de ganarlo, de ser eficiente y eficaz, de ser útil y valioso. ¿Está listo el municipio para entrar en esta batalla titánica?
El alcalde podría usar los comentarios de facebook, twitter, instagram, etc., para conocer las opiniones de sus conciudadanos, y facilitar la solución de pequeños problemas ciudadanos en cuestión de horas, en lugar de tomar días, semanas, meses, años... él solo no podrá hacerlo, para ello cuenta, DEBE HACERLO, con un equipo de trabajo municipal que debe funcionar como un smartphone.
Si una pieza del equipo deja de funcionar ¿se lo reemplaza?, cuando de personas se trata no hace falta, hay que insertarlo en el proceso de innovación y no querrá quedarse solo.
¿La edad un problema? Hay personas de 70 años usando iPhone, no creo que sea una problema.
¿El costo un problema? En cuanto toda la burocracia actualice su sistema operativo y empiece a funcionar a velocidad 3G o 4G, el costo operativo se volverá muy cómodo; el mismo personal ejecutando tareas de manera eficiente y eficaz, atendiendo al cliente con rapidez y amabilidad, sin cobrar más de lo que ya cobran. No es un problema.

¿Cómo que aún no estamos usando las TICs para nuestro beneficio común en la ciudad?