Mentiras... son todas mentiras...

... se enfocan las cámaras mientras va entrando el comediante de todos los sábados, el del mismo horario, el del mismo discurso, el de los mismos chistes, el de las mismas mentiras de cada programa...

Y es que su filosofía cuenta con que una mentira, repetida mil veces, en su programa de variedades, se convierta en verdad defendible con AK-47 de ser necesario.

Desde su púlpito pseudo académico defiende la necesidad de evaporar el dinero físico y volverlo electrónico, para darle movilidad y rapidez de transacción, dice... para que genere mayor cantidad de transacciones y conceda utilidad a varias manos en el menor tiempo posible y sin costos adicionales y sin desgaste del papel moneda, claro está.

¿Rapidez de transacción? ¿La misma rapidez con que su lerdo sistema de pagos a proveedores de bienes y servicios se mueve? No logro imaginar lo rápido que puede moverse la maquinaria de pagos del gobierno con dinero electrónico, si con dinero físico, que en este momento no tiene, arrastra pagos a gobiernos seccionales y a proveedores durante meses y hasta años! Y es que el problema de la rapidez no viene dado por el movimiento físico que la transacción requiere sino por la incapacidad de mover la máquina estatal de pagos sin que fluya el sagrado aceite de la coima, esa ley de usufructo con el trabajo ajeno, la que quiebra a emprendedores y Pymes y engorda cuentas de gerentes, ministros y altos mandos gubernamentales. ¿Más rapidez que la actual? ¿a qué costo? NO GRACIAS!

¿Para generar mayor cantidad de transacciones en menor tiempo y sin desgaste del papel moneda? Claro, como si eso fuese lo que les interesa. De ser así, la asquerosa máquina extorsionadora de la contratación pública hace rato habría buscado mecanismos reales de contratación directa sin intervención del "jefe" de turno que decide, cual emperador romano, quién es el beneficiario de turno, casi siempre el mismo: el amigo del amigo del jefe que decide.

Democratización de la riqueza le dicen, y me nace una carcajada sonora allá abajo donde el odio se mezcla con asco. Porque somos testigos amordazados de la maquinaria gubernamental de pagos, esa que sin aceite no se mueve, esa que sin padrinos ni rechina siquiera, en su ademán de movilizar el uso del dinero y generar riqueza a una sociedad en crisis y endeudada.

Porque una deuda impaga durante 6 u 8 meses genera una pérdida cercana al 2% mensual, un capital ahogado en el fondo del mar de la mediocridad, una suerte de cadáver sin óbolo que ofrecerle a Caronte para seguir navegando hacia el Hades tributario.

Y en su afán de brillar cual actor de pantalla grande hace ademán de mirar al horizonte de un país "potencia mundial", ejemplo de desarrollo humano y de honradez y pulcritud en el uso de los fondos públicos.

Y quizá su mente divaga y recuerda la farra de la noche anterior y los lujosos agradecimientos que esconde tener tanto poder y usarlo tan bien!!!

Y su sonrisa burlona se camufla en la comparación de la patria inexistente cuando gobernaba algún aniñado, pelucón de universidad pagada, con la que administra él... pero esconde la verdadera razón de la risa: ver a un pueblo ávido de mentiras, de verdades camufladas de promesas incumplidas; del pasado antes del pasado, del ayer antes del ayer en que él asumió la tarea de administrar las arcas de esa patria que hoy flota sobre barriles de crudo prevendido en un mar sin norte, sin brújula ni horizonte, sin futuro ni esperanza porque la secuestró él.

No hay dinero que hacer rotar en las manos del pueblo, porque el único dinero que el pueblo hace rotar es el que va a las arcas del estado en forma de tributos para seguir pagando el reality de variedades con personajes fingidos, con verdades a medias y con público pagado para delirar cuando le digan.

...menos mal canta el gallo y me despierto de esa pesadilla recurrente, tan sombría como hiriente...

El presidente invisible...

La última vez que lo vieron sonreír en cámara fue cuando se ciñó la banda que le otorgaba poder sobre la Constitución. A diferencia de su antecesor y aunque la ciudadanía pedía que la quemara ipso facto, decidió volver a darle equilibrio y estabilidad a su pueblo golpeado, adolorido, vejado por años. Juró su poder sobre la  constitución por la que una gran mayoría votó. Y, aunque habría que hacerle muchos cambios, decidió devolverle a la institucionalidad el respeto que se merece. Porque la historia como cualquier actividad humana se construye sobre el respeto.

Había crecido tanto el descontento por la figura del político que aparecía en todo canal, a toda hora, para repetir siempre lo mismo, que incluso, él mismo, estaba harto de ser político. Y su compromiso era dejar ese pasado en el congelador, colocar en terapia intensiva a la debilitada economía, invertir en la salud de su gente y sembrar dólares para cosechar progreso.

A diferencia del pasado y con el ánimo de que la confianza se fortalezca entre los vecinos locales y los extranjeros, pero no extraños, promovió un PARE urgente en esa tarea idiota de extraer dólares del subsuelo y echarlos a volar en aviones lejos del suelo patrio para depositarlos en arcas con hedor a corrupción y podredumbre, a promesas vanas y a mentiras cantadas como himno patrio.

No quería slogans nuevos, le molestaba el solo hecho de andarlo diciendo todo en verso y cerrar un discurso con el puño en alto vociferando palabras de un asesino serial del pasado oscuro de su querida América Latina. Y es que él nunca había llegado a tragarse el cuento de que aquel médico que mataba gente sin juicio ni reparo moral podía ser admirado por andar de boina y tabaco.

Y es que la revolución que hace mucha bulla es la que algo esconde y, por lo general, suelen ser gritos de angustia, dolor y miedo del pueblo que la sufre en carne propia. En huesos en realidad, porque no hay alimento, y en casos cercanos ni medicinas.

Y pasó la constitución por una cernidera de valores, escogió mejor a la gente que lo rodea, gente honesta que no le mienta, gente de barrio, pies de polvo y manos con callos. Gente que sabe lo que sufre la gente para llegar a fin de mes. Y es que sembrar desarrollo sólo es posible desde quien sabe sembrar, porque el ingeniero puede saber mucho de ciencia pero no sabe sembrar.

Y pasaron 100 días, 500 y llegó a los 1000 de su gobierno y ya casi nadie recordaba su rostro sonriendo, pocas fotos en los diarios y menos horas de TV, el presidente se volvió invisible pero en la calle, la gente caminaba con calma, el miedo había emigrado, la confianza volvió a invertir en suelo patrio y muchos recordaban el nombre del presidente y en silencio le agradecían que se haya vuelto tan invisible.

La ética del servidor público y sus formas de sanción ciudadana

La democracia como poder ejercido desde el pueblo sigue siendo una tarea pendiente en la mayoría de países que se autodenominan como democráticos. El ejercicio del poder democrático como capacidad del pueblo para exigir, de forma permanente, un trabajo eficiente, eficaz, honorable, honesto y responsable de sus representantes elegidos en votación popular, sigue dejando mucho que desear.

Y es que, desde el punto de vista ético en la actuación del servidor público, tanto del elegido por votación como del que hace carrera burocrática, los códigos de actuación siguen siendo difusos. Ecuador tiene vigente un “código de ética para el buen vivir” y su constitución prevé castigos administrativos para los diferentes niveles de gobierno y servicio público, llegando incluso a la destitución en casos de corrupción o incumplimiento de obligaciones que atenten contra la calidad de vida de la ciudadanía. Sin embargo, la creación de leyes y reglamentos no ha devenido en un mayor compromiso personal profundo con el ejercicio del servicio público como una tarea con un marco ético y de responsabilidad implícita.

La institucionalidad del servicio público se vive como un mecanismo de aseguramiento personal de la calidad de vida propia a corto o largo plazo, según sea por votación o carrera burocrática, respectivamente. El poder de turno se rodea de personal de “confianza” y crea, sobre el estado, una red de influencia y de control de la sociedad, las leyes, la promulgación y veto de las mismas, de la información libre y del control del descontento social y de la protesta ciudadana.

La normativa existente no es exhaustiva en la tipificación de las múltiples formas que encuentra el poder para utilizar, de forma inadecuada y hasta perversa, los recursos estatales en beneficio propio y del círculo de poder vigente. La falta de independencia de poderes es, sin duda, el mayor problema que una nación democrática debe enfrentar. O, dicho de otro modo, el mayor problema que la ciudadanía libre encuentra para ejercer su control democrático sobre la actuación del servidor público.

Si quien califica un recurso de revisión de actuación de algún empleado público presentado por la ciudadanía fue elegido por el poder apadrinador, con toda seguridad, el “compromiso íntimo del poder” pesará más que la exigencia ética de buscar el bien común de la sociedad, al que se deben, en última instancia todos.

La naturaleza de los actos de malversación de recursos estatales de toda índole y de fondos públicos debería ser la fuente de la categorización de las penas a imponerse al servidor público. La gravedad del acto debe analizarse desde el punto de vista de la afectación a la ciudadanía, el daño a la imagen del servicio público que prestaba el servidor y a la cuantificación de recursos desviados, subutilizados, malversados o desaparecidos durante el inadecuado comportamiento en cuestión.

No hace falta, a mi parecer, que la ciudadanía deba enterarse siempre del acto juzgado y el resultado sancionatorio del mismo. El servidor público si bien se debe  a la ciudadanía y a la dignidad de su cargo, se mueve también en un círculo familiar y social que puede castigar, en exceso, su comportamiento inadecuado, afectando a la familia del servidor que nada tiene que ver, la mayoría de las veces. Eso sí, los actos de gravedad alta y extrema deberán ser informados a la ciudadanía en aras de crear un precedente moral y social de que el crimen cometido tiene sus repercusiones y se debe evitar cometer nuevamente.

La rendición de cuentas como un acto administrativo permanente puede servir, a su vez, como herramienta de control de la actuación del servidor público. Al acceder la ciudadanía a los procesos y resultados de la gestión encomendada, los desvíos en la ejecución de las tareas serán verificables y corregibles sin necesidad, incluso, de llegar a sanciones administrativas y peor aún, penales. Partimos, por supuesto, de la presunción de inocencia del empleado y de la buena fe con que enfrenta su trabajo diario. Sobre esa base, analizar la gestión se convierte en un equilibrio entre la parte humana del servidor y sus tareas técnicas y especialidades propias.

El conjunto de valores subyacentes al servicio público, muchas veces, es desconocido por el personal que labora o, conociéndolo, no lo han integrado en su currículum vital y menos aún en su moralidad activa. Y, aunque la ignorancia de la norma no salva del castigo por el cometimiento de irregularidades, es deber de la entidad educar a sus servidores y promover, entre ellos, la asunción del buen hábito del servicio público de calidad. Durante el proceso educativo de todo profesional, la evaluación es el punto de inflexión del desarrollo de sus capacidades cognitivas y prácticas para el futuro ejercicio de su profesión. ¿Por qué abandonar esa buena costumbre una vez que empezamos a ejercer nuestras labores cotidianas? ¿Por qué hemos reducido la rendición  de cuentas a las cifras y los porcentajes en el cumplimiento de las tareas previstas? Las cifras siempre serán maquillables, las actitudes y la calidad del servicio difícilmente.

La capacidad sancionadora del voto ciudadano pierde eficacia, en cuanto castigo, cuando de burocracia se trata. No tiene validez ni efectividad pues, por lo general o la autoridad desoye al pueblo o cambia de tarea al empleado y, con ello, en lugar de arreglar el problema, lo extiende. De este hecho surge la necesidad de diferenciar en el código de actuación y en la reglamentación de sanciones, el accionar del servidor público de carrera burocrática del de elección popular.

Concluyendo. La capacidad evaluadora de la ciudadanía hacia sus servidores públicos debe fortalecerse en el ámbito del ejercicio de la democracia plena contando como requisitos con una información libre, una rendición de cuentas permanente que abarque las actuaciones y no sólo las cifras, la apertura de la entidad en su área de innovación ética a las denuncias presentadas y un reglamento claro y minucioso de todos los aspectos verificables.

El área de innovación ética debe convertirse en la punta de lanza de ese nuevo servicio ciudadano que rompe el esquema de ocultamiento de información, debe evitar ser un arma de venganza coyuntural y procurar desarrollar en todos los servidores la ética positiva que no está a la cacería de los errores sino atenta a ponderar y exaltar el mejoramiento del servicio tanto particular como institucional.

En cuanto a las autoridades elegidas, creo necesario, la firma de un contrato, convenio o compromiso de servicio ciudadano en el marco de las leyes vigentes. El mismo debe contemplar claramente la necesidad de atender en primera y última instancia, con objetividad, a los intereses generales del conglomerado a quien sirve la autoridad. De ese compromiso firmado surge el mecanismo de control ciudadano sobre la gestión de la autoridad, la defensa de la dignidad del cargo ostentado y la ética en el cumplimiento del deber asumido.

Si el servidor, en el uso del poder otorgado, pretende acallar la voz y el derecho ciudadano de vigilar su labor y sancionar sus desvíos, usando precisamente el poder y los recursos asignados para su tarea, será momento para que la ciudadanía en ejercicio de su democracia efectiva le retire al servidor el poder otorgado y lo sancione con el despido inmediato. No es un golpe de estado, es el finiquito del compromiso contractual por incumplimiento de una de las partes.

Sancionar en el camino las actuaciones fuera de la ley del servidor permitirá que, al volver a elegir, la memoria ciudadana no haya olvidado los desvíos y errores cometidos y evalué, en profundidad, la idoneidad personal del candidato para el cumplimiento del cargo en cuestión u otro de servicio público.